Con el propósito de fortalecer la integridad de las instituciones y prevenir riesgos asociados a la corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el Ministerio de Defensa Nacional presentó el proyecto ‘Prevención y lucha contra la corrupción en el sector Defensa’.

Durante el evento, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, destacó que la seguridad nacional no depende únicamente de capacidades operativas y tecnológicas, sino también de una institucionalidad sólida, transparente y legítima.

En su intervención, reiteró que el sector avanza con herramientas que permiten enfrentar la corrupción, el desvío de armas, el uso ilícito de tecnologías estratégicas y el lavado de activos.

“Estas son economías que coinciden con las problemáticas en puntos fronterizos asociadas a la corrupción y al lavado de activos, aspectos que también se abordan en el proyecto” agregó.

En ese sentido, advirtió también sobre el incremento de ataques con drones explosivos por parte de organizaciones criminales, precisando que en 2026 se han registrado más de 400 hechos de este tipo en diferentes regiones del país.

En materia de resultados institucionales, el Ministerio destacó que el sector defensa alcanzó un 83,3 % en la evaluación institucional del Índice Anticorrupción; la Línea Anticorrupción 157 tramitó más de 450 denuncias relacionadas con presuntos hechos de corrupción y legitimidad institucional.

Asimismo, se resaltó la creación de la Junta de Prevención y Lucha contra la Corrupción y de la Junta de Acción para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, instancias que buscan fortalecer la adopción de estándares internacionales en materia de prevención y control.

“Estos y otros resultados reflejan una institucionalidad que está detectando, investigando y tomando decisiones frente a los temas que hoy estamos abordando” aseguró.

El proyecto, que cuenta con el acompañamiento técnico de la UNODC y financiamiento del Reino de los Países Bajos, contempla cinco líneas estratégicas de acción: la gestión integral de riesgos de corrupción y delitos asociados; la prevención del desvío de armas y tecnologías estratégicas; la gestión territorial de riesgos en fronteras, puertos y aeropuertos; el fortalecimiento de la transparencia en la contratación pública; y la promoción del liderazgo ético y la adecuada gestión de conflictos de interés.

“Desde el sector Defensa hemos evidenciado que es necesario fortalecer de manera progresiva los mecanismos de control y gestión de riesgos en materia de corrupción y lavado de activos, incorporando herramientas de análisis, sistemas de monitoreo y capacidades institucionales orientadas a prevenir la materialización de estas amenazas, pero también la sanción de las que ya han ocurrido” puntualizó el ministro Sánchez .

A su turno, el representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la región Andina y el Cono Sur, Amado Philip de Andrés, advirtió que la corrupción dejó de ser únicamente un “riesgo administrativo” para convertirse en un factor que afecta la seguridad en Colombia y la región.

Según explicó el objetivo de la iniciativa es “fortalecer las capacidades institucionales para mitigar la corrupción y su vínculo o sus vínculos con el lavado de activos y el desvío de armas”.

Por su parte, la embajadora del Reino de los Países Bajos en Colombia, Reina María Buijs, aseguró que la iniciativa refleja una visión moderna de la seguridad basada en transparencia y confianza ciudadana. “La seguridad sostenible no se logra únicamente con capacidades militares, se logra también con instituciones sólidas, con contratación pública honesta. Con este proyecto queremos enviar el mensaje a toda la ciudadanía que puede confiar en sus instituciones que trabajan decididamente para ellos, con transparencia, con ética y con vocación de servicio.”, finalizó.