La Dirección General Marítima (DIMAR), a través de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, recuerda a la comunidad el alcance de las concesiones marítimas otorgadas sobre las playas y los terrenos de bajamar de su jurisdicción, con el propósito de que residentes, visitantes y concesionarios conozcan sus derechos y deberes:

• Las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público, destinados al uso común. De conformidad con el artículo 63 de la Constitución Política, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y conservan esta condición aun cuando sean objeto de una concesión. Esta se otorga mediante acto administrativo de la Autoridad Marítima y no transfiere la propiedad del bien. Como lo establece el artículo 166 del Decreto Ley 2324 de 1984, los particulares únicamente pueden obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce, sin que estos les otorguen título alguno sobre el suelo ni el subsuelo.
   
• El concesionario está facultado para administrar y aprovechar las instalaciones, el mobiliario y los elementos que la Autoridad Marítima le autorice ubicar dentro del área concesionada, tales como sillas, mesas, sombrillas o estructuras, de acuerdo con las condiciones y especificaciones establecidas en el respectivo acto administrativo. Su utilización y aprovechamiento deberán ajustarse a las condiciones autorizadas, sin que ello implique adquirir derechos de propiedad sobre el área ni restringir el uso común de la playa.
   
• Esta facultad no limita el derecho de la comunidad al uso y disfrute libre de la playa. Toda persona puede transitar por las áreas concesionadas, permanecer en la arena, disfrutar del paisaje y acceder al mar, respetando las disposiciones de seguridad y protección ambiental aplicables. En consecuencia, el mobiliario y los elementos autorizados deberán disponerse de manera que no obstaculicen el libre tránsito ni el acceso a la playa y al mar.
   

• La Capitanía de Puerto de Santa Marta verifica que el uso y aprovechamiento de las áreas concesionadas se ajuste a las condiciones establecidas en cada acto administrativo y que las playas conserven su destinación al uso común. Por lo tanto, la concesión no faculta al particular para cercar el área, impedir el tránsito o el acceso al mar, cobrar por el ingreso a la playa, condicionar la permanencia en ella al consumo, ampliar el área autorizada ni ejecutar obras o construcciones sin la respectiva autorización.

  La Autoridad Marítima Colombiana invita a la ciudadanía a informar a la Capitanía de Puerto de Santa Marta, a través de sus canales oficiales de atención, cualquier situación que pueda constituir un incumplimiento de las condiciones de las concesiones marítimas o una afectación al uso común de las playas. La Capitanía adelantará las actuaciones correspondientes y adoptará las medidas a que haya lugar, en el marco de sus competencias y de conformidad con el Decreto Ley 2324 de 1984 y las disposiciones procedimentales aplicables de la Ley 1437 de 2011.